Cuando se jubila, un trabajador por cuenta ajena tiene un 41% menos de ingresos
Después de lo sucedido en los últimos años, es coherente afirmar que estamos ante una reestructuración del Estado de bienestar, caracterizada por la disminución de su intensidad protectora, por la aplicación de recortes relevantes. La sociedad empieza a tomar conciencia de la importancia que tiene hacer una correcta planificación financiera, basada en dos grandes pilares: planificación de la protección y planificación de la jubilación.
La planificación financiera consiste en compatibilizar los objetivos personales y financieros de cada individuo, fruto de sus exclusivas necesidades y expectativas diferentes, con la situación patrimonial en el presente y su potencial proyección hacia el futuro. La planificación de la protección facilita la cobertura del riesgo personal y patrimonial, y su posterior gestión, mediante la contratación de seguros y el uso de técnicas actuariales. La planificación de la jubilación asegura la independencia financiera y el estilo de vida requerido una vez llegada la edad de la jubilación, cuyo fin es proteger a las personas contra el riesgo de sobrevivir a sus recursos financieros.
Es completamente necesario llevar a cabo una correcta planificación de la protección, ya que todos estamos expuestos a ciertas áreas de riesgos (familia, nivel de vida, hogar, negocios) que, en el supuesto e hipotético caso que pasen a ser un hecho cierto, pueden provocar consecuencia económicas desfavorables y en muchos casos de carácter irreversible.
La tasa de media de no cobertura por parte de la Seguridad Social para un trabajador por cuenta ajena varía entre un 14% por invalidez absoluta y un 52% por incapacidad profesional, frente al 85% y 92% para un trabajador por cuenta propia. En cuanto a las contingencias de viudedad y orfandad, se barajan tasas medias del 19% (cuenta ajena) y 85% (cuenta propia).
¿Jubilación asegurada?
Con respecto a la planificación de la jubilación, la mayoría de los ciudadanos creen tener la jubilación asegurada; a medida que se va aproximando el momento es cuando empieza a generar cierta preocupación y cuando descubren que la realidad es totalmente diferente: sufrirán un merma de ingresos considerable, la cual les impedirá mantener el nivel de vida adquirido hasta ese momento.
Un sistema público de pensiones es el que el Estado administra con el fin de garantizar protección social frente a los riesgos laborales, jubilación u otras circunstancias derivadas por dependencia. Nuestro sistema público de pensiones se basa en un sistema de reparto, caracterizado por tener cotizaciones indefinidas y beneficios definidos.
La viabilidad de un sistema de reparto de caja depende directamente de la tasa de natalidad (que acumula tres años consecutivos de descensos), la esperanza de vida (situada en 78,9 años para los hombres y 84,9 años para las mujeres), el desempleo (5.040.222 parados) y el número de afiliados (16,1 millones de ocupados). Con estas cifras a la vista es coherente pensar que nuestros sistema público de pensiones, más que a reformas, está abocado a importantes restricciones.
A la hora de jubilarse un trabajador por cuenta ajena tendrá una disminución de ingresos del 41% y el trabajador por cuenta propia del 84%. Si a esto le sumamos que la pensión futura pasará a rondar el 66% de la que se cobra actualmente, entenderán la obligatoriedad de llevar a cabo una correcta planificación a la jubilación.
Ahora bien, cualquier proceso de planificación, protección y jubilación es altamente complicado y requiere de un grado de información y conocimientos muy elevados, al margen del tiempo que conlleva hacer cada uno de ellos. Es de vital importancia saber cuándo debemos hacer la planificación de la protección y la jubilación.
La planificación de la protección se hará paralelamente a la adquisición de cargas tanto familiares como financieras. La planificación de la jubilación debe desarrollarse de forma inmediata a la entrada en el mercado laboral, aunque en esta etapa las aportaciones sean muy bajas.
Ambas planificaciones deben ser efectuadas por profesionales debidamente capacitados en dichas materias, dado que los procesos son amplios y complejos, por lo que requieren un nivel de formación notable y específico debido a la responsabilidad que comporta cada uno de ellos.
No olvidemos que dichos procesos deben estar insertos en cualquier planificación financiera que se precie y, por lo tanto, han de someterse a las normas Mifid.
Julio Fernández García, profesor de la fundación de estudios Financieros y fundador de PrevisiónSocial.net.
Fuente: elEconomista.es
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