¿Quién pagará mi pensión?

La crisis y el consecuente desempleo provocan una situación muy complicada en la contribución al sistema de pensiones. El paro es el mayor problema que se deberá resolver para garantizar el futuro del sistema de pensiones. ¿Su reciente reforma será suficiente para garantizar el sistema de protección social? ¿Pasa el futuro por los planes de pensiones privados?

Crisis, pensiones y Estado de bienestar

En la fase actual de la crisis en que nos encontramos se plantean nuevos desafíos para el llamado Estado de bienestar (EB) y especialmente para
el sistema público de pensiones.

La problemática del déficit público con la reducción de los ingresos presupuestarios por la caída de la actividad económica y la consiguiente necesidad de recortar el gasto público para evitar que haya que recurrir a nuevos endeudamientos afecta claramente a los distintos ámbitos de la protección social.

En el caso de las pensiones públicas hay un factor singular por el aumento del paro, que disminuye las cotizaciones con las que se financian las rentas de los pensionistas, según el “sistema de reparto”. Y a esta desproporción, causada por la crisis, entre el número de cotizantes y el de pensionistas se añade otro factor: el de la evolución demográfica, que desde hace años viene provocando diferentes reformas.

La gravedad de la situación actual, por lo que se refiere a las pensiones contributivas, se manifiesta en el déficit que, por primera vez, se registra entre la cantidad dedicada al pago de las pensiones y las aportaciones de la población ocupada, situación impensable hace sólo algún tiempo. Naturalmente estas dificultades se plantean por el mecanismo del “sistema de reparto”, que afortunadamente, no está en cuestión y que, aunque de naturaleza distinta, no son peores que las que también en los momentos actuales tendría el modelo de “capitalización”.

El acuerdo conseguido por el Gobierno y los agentes sociales para la reforma de las pensiones el 27 de enero del 2011 ha sido un paso más en el conjunto de reformas, que se vienen realizando en nuestro país desde 1985. A través de un proceso gradual y flexible, se llegará a establecer en el 2028, como edad legal de jubilación los 67 años, sin excluir incentivos para que los que puedan prolonguen su actividad laboral. También se hará de un modo gradual la ampliación de los 15 a los 25 últimos años cotizados para hacer el cómputo de cada pensión.

"Para garantizar el nivel de vida del futuro pensionista se debería complementar el sistema de reparto fomentando planes individuales"

Sin negar el acierto de estas y otras reformas que o ya se han tomado o se puedan ir tomando por la evolución demográfica, pues la crisis se superará, nos parece que estamos ante una gran oportunidad para garantizar la sostenibilidad no sólo de las pensiones sino también de todo el sistema de la protección social.

La crisis presente nos muestra una vez más las limitaciones y las consecuencias negativas de atribuir al Estado competencias que superan sus posibilidades. Por eso siempre que tenemos oportunidad llamamos la atención sobre los riesgos inherentes a una mala interpretación de la locución Estado de bienestar. En el sistema de organización social y económica de la Unión Europea, conocido como Economía Social de Mercado (ESM), se considera que el Estado tiene una función propia e irrenunciable de garantizar que los resultados del mercado, como mecanismo principal de la actividad económica, cubran las necesidades de toda la población, pero como lamentablemente habrá grupos sociales que por causas involuntarias no puedan participar activamente en el mercado, el Estado ha de arbitrar los medios para que también a ellos les lleguen los beneficios del mercado. Pero en esta responsabilidad el Estado ha de actuar respetando los principios propios del mercado, lo cual no ocurre cuando en circunstancias como las actuales se recurre a un endeudamiento público excesivo por pretender fomentar un bienestar por encima de las posibilidades de la economía de un país y sin contar y exigir la participación activa de los ciudadanos.

En cada capítulo de la protección social, según las reglas establecidas, se ha de contar con la presencia activa y responsable de la ciudadanía y, por lo que se refiere al tema de las Pensiones contributivas, esto es particularmente necesario para garantizar su sostenibilidad.

Pensamos, pues, que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionistas se debería complementar el “sistema de reparto” fomentando eficazmente planes individuales, según las posibilidades de cada ciudadano lo cual se hace ya en algunos países. Con ello se pondría en práctica un principio fundamental de la Economía Social de Mercado de que el principal valedor ante las circunstancias de la vida ha de ser el propio ciudadano. De esta manera, se conseguiría el equilibrio entre un sistema público viable, al margen de las tendencias demográficas, y un nivel de bienestar con el que cada ciudadano, además de contribuir con sus cotizaciones a la financiación de los pensionistas coetáneos, se aseguraría, según sus posibilidades, la pensión deseada para cuando se jubile.

Elefantes y aldeanos

Hace años los elefantes africanos eran percibidos como animales salvajes y destructores de cosechas. La escasez de recursos y la lucha constante de la población por sobrevivir llevó casi a la total desaparición de la especie. Para preservar la especie se establecieron las actuaciones clásicas. Se prohibió la caza, lo que nunca tuvo el efecto esperado contra los furtivos. Se persiguió el comercio de marfil y se consiguió subir ostentosamente su precio en el mercado negro. Todas las medidas resultaron perversas para el objetivo establecido. Inesperadamente surgió una idea insensata, traspasar los elefantes a los habitantes de las aldeas.

"El paulatino envejecimiento de la población hará insostenible el grado de generosidad de los programas de pensiones"

A diferencia de los furtivos que cazan y desaparecen, los campesinos de las aldeas advierten el largo plazo, saben que los elefantes que conserven hoy seguirán siendo suyos y de sus hijos. El resultado es sencillo, Zimbabue tiene una población de elefantes que crece a una tasa sostenible, exporta elefantes y marfil, y los campesinos han prosperado.

Desde la publicación de La paradoja de la Seguridad Social de H. Aaron (1966), también hay razones para debatir sobre la optimización social de los sistemas de pensiones. El principal argumento es que el constante envejecimiento de la población hará insostenible el grado de generosidad de los programas de pensiones. Las soluciones clásicas para defender enérgicamente el actual sistema clásico no impiden vislumbrar con total seguridad un agotamiento del sistema. Los liberales ven el sistema de reparto como un ejemplo más del esquema Ponzi, que provoca un desequilibrio patrimonial creciente. Entre las dos posiciones, Suecia, en plena crisis de los 90, optó por una idea desconcertante, valoró su sistema de reparto de prestación definida como insostenible. Definió un nuevo modelo de contribución mixta al sistema de reparto y a una cuenta individual, consiguiendo la percepción de la riqueza individual acumulada por la población y una tasa de sustitución intergeneracional con ajustes demográficos automáticos.

La significación de los elefantes de Zimbabue y la reforma sueca revela que cuando la propiedad es de todos, la responsabilidad se diluye. Los elefantes, al igual que los sistemas de pensiones, están más amenazados cuando la seguridad de los derechos de propiedad también lo está. Quizás todo esto les parecerá una idea extravagante, tanto como simbolizó hace años entregar los elefantes a las aldeanos africanos para su gestión.

Fuente: LA VANGUARDIA.com